EL fin de la justicia universal
Los días de Baltasar Garzón como paladín de la justicia mundial han terminado. De ello se han encargaron los parlamentarios del PSOE y el PP, quienes se unieron para poner fin a la "justicia universal" española. Habrá quien diga que cuando izquierda y derecha se unen, nada bueno puede salir, y esta vez no les faltará razón.
La decisión parlamentaria española se alcanzó entre gallos y medianoches, o de "tapadillo", según la definición de la prensa española. Los amantes de las teorías conspirativas sionistas del mundo podrán alimentar sus delirios por un buen rato: fue la ministra de relaciones exteriores de Israel, Tzipi Livni, la primera figura política de relieve en anunciar, hace cinco meses, que el gobierno de Rodríguez Zapatero planeaba ponerle fin al poder universal de los jueces españoles.
A partir de ahora será imposible que se repitan casos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, ordenada por Garzón. También es difícil que prosigan las investigaciones abiertas por el mismo Garzón contra las mentes legales detrás de las las torturas del gobierno de George Bush en lugares como Guantánamo y Abu Ghrabi. Hay otros casos, encabezados por otros jueces, como Fernando Andreu e Ismael Moreno, que también quedarán en los archivos judiciales, según constata El País. Son casos como la invasión a Tibet y los ataques "preventivos" de Israel contra Palestina.
De ahora en adelante los jueces españoles sólo podrán investigar los crímenes de otros países si hay víctimas españoles. Por fin la diplomacia española, y el Wall Street Journal, dormirá en paz. Para ello sólo hubo que cortarles las piernas a un par de jueces.
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Perfil en The New Yorker de Philippe Sands, el abogado inglés autor de un libro donde denunció la responsabilidad de John Yoo y otros abogados en el entramado de torturas del bushismo. Sands habló mucho con Garzón durante la investigación para su libro.
La decisión parlamentaria española se alcanzó entre gallos y medianoches, o de "tapadillo", según la definición de la prensa española. Los amantes de las teorías conspirativas sionistas del mundo podrán alimentar sus delirios por un buen rato: fue la ministra de relaciones exteriores de Israel, Tzipi Livni, la primera figura política de relieve en anunciar, hace cinco meses, que el gobierno de Rodríguez Zapatero planeaba ponerle fin al poder universal de los jueces españoles.
A partir de ahora será imposible que se repitan casos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, ordenada por Garzón. También es difícil que prosigan las investigaciones abiertas por el mismo Garzón contra las mentes legales detrás de las las torturas del gobierno de George Bush en lugares como Guantánamo y Abu Ghrabi. Hay otros casos, encabezados por otros jueces, como Fernando Andreu e Ismael Moreno, que también quedarán en los archivos judiciales, según constata El País. Son casos como la invasión a Tibet y los ataques "preventivos" de Israel contra Palestina.
De ahora en adelante los jueces españoles sólo podrán investigar los crímenes de otros países si hay víctimas españoles. Por fin la diplomacia española, y el Wall Street Journal, dormirá en paz. Para ello sólo hubo que cortarles las piernas a un par de jueces.
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Perfil en The New Yorker de Philippe Sands, el abogado inglés autor de un libro donde denunció la responsabilidad de John Yoo y otros abogados en el entramado de torturas del bushismo. Sands habló mucho con Garzón durante la investigación para su libro.
